La crisis económica provocada por el Covid 19 ha impactado de un modo intenso en el tejido empresarial español, obligando a numerosas compañías a modificar su estructura y su modelo de negocio. Cambios que se implementan a través de planes de reestructuración y/o reorientación (turn-around),  necesarios para adaptar la actividad de las empresas a un nuevo entorno  económico más complejo y difícil.

En el presente artículo voy a tratar de describir los mecanismos jurídicos más habituales que se utilizan en los planes de reestructuración y reorientación en las empresas,  que varían en función de la situación económico- financiera de la compañía en cuestión.

El diagnóstico inicial

Antes de acometer cualquier proceso de reestructuración y/o reorientación, es clave realizar un análisis acertado de la situación. Un análisis que debe ser previo a la ejecución del plan, y que determine si la empresa es viable desde el punto de vista  económico (u operacional) y/o desde el punto de vista financiero.  Para ello, deberemos fijarnos en los mejores indicadores de la viabilidad  de la empresa: el rendimiento operativo para la viabilidad económica,  y la capacidad de pago para la financiera.

Este diagnóstico tiene que ser muy preciso. Porque un análisis erróneo puede provocar efectos negativos e incluso contraproducentes, y convertirá en ineficaz cualquier tratamiento que se implemente para la empresa inmersa en problemas de viabilidad.

Tipos de empresas en crisis

Teniendo en cuenta lo anterior, y basándonos en la tipología empresarial comúnmente  utilizada en Derecho concursal, podemos clasificar las empresas en situación de crisis, aquellas que presentan niveles de crecimiento negativo o cercanos a cero, en alguna de las siguientes categorías:

  • Empresas que son viables tanto desde el punto de vista económico como financiero.
  • Empresas inviables tanto desde el punto de vista económico como financiero.
  • Empresas inviables desde el punto de vista económico, y viables desde el financiero.
  • Empresas viables desde el punto de vista económico, e inviables desde el financiero.

Atendiendo a esta clasificación, los instrumentos legales necesarios para ejecutar los planes de restructuración y/o reorientación empresarial serán diferentes. A continuación, una descripción de los instrumentos adecuados en cada perspectiva de viabilidad definida:

  1. Empresas en crisis que son viables tanto desde el punto de vista económico como financiero

En este supuesto, cualquier mecanismo de reestructuración o reorientación de carácter legal deberá llevarse a cabo según las reglas generales del Derecho Común, debiendo descartar el procedimiento concursal o cualquier proceso de restructuración preventiva, como podría ser en este caso el pre-concurso.

Lo habitual es que la intervención de los equipos legales se centre en tres objetivos:

  • La mejora del cash flow operativo de la compañía. Tanto en la posición de acreedores, como deudores. En función de cada caso, harán falta planes para mejorar el coste en proveedores; diferir los pagos de impuestos o las cuotas a la Seguridad Social; acuerdos individuales o colectivos; y reclamaciones judiciales o extrajudiciales. Si la empresa trabaja para el sector público, se deberán activar mecanismos de compensación o requilibrio de las concesiones.
  • La adopción de mecanismos de ajuste y flexibilización laboral. A través de numerosas mecanismos que contempla la legislación. La  adaptación de horarios y turnos de trabajo;  la concesión de licencias con sueldo; la creación de bolsas de horas disponibles una vez se reanude la actividad,  o bien a cuenta de las vacaciones y/o días de asuntos propios; la concesión de excedencias;  o las reducciones de jornada o licencias sin sueldo. Y la puesta en marcha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que faciliten la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral, por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, o razones de fuerza mayor. Así como los expedientes de regulación de empleo (ERE),  que permiten la extinción de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, o razones de fuerza mayor. Por último, una medida adicional podrá ser la gestión de los procesos de venta legal de activos no estratégicos, incluyendo el asesoramiento en la venta de unidades productivas, los activos aislados,  y los paquetes de deuda.
  1. Las empresas inviables tanto desde el punto de vista económico como financiero.

En este caso, es evidente que la liquidación y disolución de la compañía debería ser la medida más acertada, que se deberá llevar a cabo cuanto antes.  En el caso de que hubiera numerosos acreedores, la liquidación y disolución deberían materializarse a través de un procedimiento concursal.

Cualquier otro mecanismo de reestructuración para empresas que, ni son viables desde la vertiente económica, ni la financiera,  sólo servirá para retrasar lo inevitable y “encarecer” el proceso. Porque sería perjudicial para los intereses de terceros afectados , y aumentaría  el riesgo legal para los propios administradores.

  1. Las empresas que son inviables económicamente, pero viables financieramente.

Las empresas que presenten rendimientos operativos negativos, con escasas o nulas posibilidades de revertir dicha situación, tendrían un valor neto negativo, por lo que, a priori, no tendría sentido que siguiesen con su actividad. Al igual que en el caso anterior, se trata de un supuesto en el cual, lo más razonable sería proceder a su liquidación y disolución, aunque en esta ocasión mediante la vía societaria y no la concursal.

  1. Las empresas viables económicamente, pero inviables financieramente.

Por último, en este caso debemos tener en cuenta que el valor de una empresa en funcionamiento será siempre superior a su valor en liquidación. Ya que los problemas que atraviesa no proceden de ineficiencias operativas, sino más bien por un excesivo endeudamiento, o un desfase entre la fecha de cobro de los rendimientos y la fecha de vencimiento del pasivo.

La solución más aconsejable es la reestructuración del pasivo, sin tener que modificar su actividad habitual. Utilizando los mecanismos ya mencionados en este artículo, aquellos que buscan mejorar el cash flow operativo y reducir la deuda de la compañía.

Por otra parte, los procesos de negociación y cierre de operaciones de refinanciación de la deuda, o de reforzamiento del patrimonio neto de la compañía a través de la entrada de nuevo capital o, en su caso, el lanzamiento de instrumentos de capital como debt-to-equity-swap (permuta de deuda por acciones de la compañía), requieren de la intervención del equipo legal para dar soporte a dichas operaciones.

Si no fuera posible reestructurar el pasivo de la compañía de un modo organizado, la empresa tendrá que optar necesariamente por procesos de restructuración preventiva, tales como la posible negociación y formalización de acuerdos extrajudiciales de pagos, el preconcurso de la Ley Concursal, los acuerdos de refinanciación homologados, etc.

La importancia de la responsabilidad de los administradores

No quisiera finalizar el artículo sin mencionar que, en cualquier proceso de reestructuración y/o reorientación de cualquier empresa, es vital para los órganos de administración de la compañía contar con asesoramiento eficaz que ayude a su implantación. Porque sólo así, se podrá evitar incurrir en cualquier tipo de responsabilidad en el ámbito mercantil, fiscal, laboral y penal, que podrían poner en riesgo incluso el patrimonio personal de los administradores.

Javier Berrocal

Managing Partner

Santiago Mediano Abogados